El 24 de julio de 2024, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) publicó la Circular 2024-04, que proporciona orientación fundamental sobre las protecciones de los denunciantes de irregularidades en virtud del artículo 1057 de la Ley de Protección Financiera del Consumidor (CFPA).
Esta circular tiene importantes consecuencias para las empresas en relación con los acuerdos de confidencialidad y su posible conflicto con las protecciones federales de los denunciantes de irregularidades.
Aclara que, si bien los acuerdos de confidencialidad pueden proteger intereses empresariales legítimos, no deben vulnerar el derecho de los empleados a denunciar presuntas violaciones de las leyes financieras del consumidor.
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Londres abordó una cuestión significativa en un caso de prohibición contra un antiguo empleado por apropiarse de manera indebida de documentos confidenciales.
Esta decisión destaca varias consideraciones importantes para los empleadores relacionadas con la protección de la información confidencial y las obligaciones de los antiguos empleados.
El 8 de febrero de 2024, la Corte Suprema de los EE. UU. tomó una decisión sobre las protecciones de los denunciantes de irregularidades en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
El caso aclara las normas para demostrar las represalias ejercidas contra los denunciantes de irregularidades en empresas que cotizan en bolsa.
La Corte Suprema aclaró que los denunciantes de irregularidades están obligados a demostrar que su actividad protegida contribuyó a la acción laboral adversa sin la necesidad de demostrar una intención de represalias por parte del empleador.
El 20 de agosto de 2023, el Tribunal de Milán concedió protección cautelar a un denunciante de irregularidades, reincorporándolo a su puesto de trabajo.
El trabajador había denunciado dificultades económicas y psicofísicas por haberse visto implicado en algunos procedimientos disciplinarios a raíz de su denuncia de una trama de falsificación de documentos de viaje por parte de algunos compañeros.
Los empleadores con más de 50 empleados tendrán la obligación de disponer de un canal interno de denuncia donde los empleados puedan informar de conductas indebidas.
Transpone la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (la Directiva europea sobre denuncia de infracciones).
El pasado mes de marzo, el Tribunal de Distrito del Sur de Australia dictó la primera sentencia en virtud de las leyes de denuncia de infracciones de Australia. Estableció que no se podía proteger a un antiguo empleado público por cometer presuntas irregularidades al recopilar pruebas para respaldar sus revelaciones sobre el cobro agresivo y poco ético de deudas por parte de la Agencia Tributaria australiana.
El fallo, que causó un debate sustancial en el país, se basa en la restrictiva interpretación que realiza el Tribunal sobre el alcance de la protección de los denunciantes de infracciones, que solo se aplicaría a la denuncia de infracciones y no a la conducta preparatoria precedente.
El 21 de febrero de 2023, España publicó en su Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Entró en vigor el 13 de marzo, transponiendo la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva de Denuncia de Infracciones.
El pasado septiembre, la Ley Núm. 14.457/2022 introdujo el «Programa de Empleo + Mujeres», que establece una serie de medidas para fomentar la inserción laboral y la retención de mujeres en el mercado laboral, así como varias acciones para prevenir y luchar contra el acoso sexual y otras formas de violencia en el lugar de trabajo.
Asimismo, incluye la obligación de los empleadores de constituir una CIPA (ahora llamada «Comisión Interna de Prevención de Accidentes y Acoso»).