El ámbito de aplicación de la Ley alemana de Protección de Denunciantes de Infracciones es más amplio que el establecido en la Directiva de la UE. Incluye infracciones de las leyes penales nacionales, las leyes destinadas a proteger la vida, la salud o la integridad física de las personas o los derechos de los empleados, las leyes que regulan los derechos de los accionistas de sociedades anónimas y las leyes fiscales aplicables a las empresas. 

Los denunciantes están protegidos contra represalias y perjuicios, como el despido. En caso de represalias o perjuicios, los empleadores deben demostrar que no estén relacionados con la denuncia de infracciones, sino basados en otros motivos justificados.

Todas las entidades jurídicas que empleen a más de 250 empleados en Alemania y todas las instituciones financieras ―con independencia de su número de empleados― deben cumplir la Ley alemana de Protección de Denunciantes de Infracciones a partir del 2 de julio de 2023. 

Las pequeñas empresas que cuenten con entre 50 y 249 empleados en su plantilla disponen de un período de transición hasta el 17 de diciembre de 2023 para establecer una oficina interna de denuncias. 

Los canales de denuncia deben garantizar la confidencialidad de las denuncias, pero no es necesario que permitan que estas sean anónimas.

Las empresas que no cumplan con la obligación de establecer un canal de denuncias pueden recibir multas de hasta 20 000 euros. Del mismo modo, el hecho de obstaculizar las denuncias o tomar represalias contra los denunciantes puede ser sancionado con multas de hasta 500 000 euros. 

Previamente informamos sobre la situación de este tema en otros países europeos, como España, Italia y los Países Bajos. Aquí pueden consultar un mapa actualizado con la aplicación de la Directiva europea sobre denuncia de infracciones en la legislación nacional de los Estados Miembros.