El Sr. Boyle perdió su propuesta legal para ser declarado inmune de procesamiento, ya que el Tribunal le negó la protección como denunciante de infracciones. 

Se le había acusado de cometer 24 delitos, incluida la grabación y revelación de información protegida, al decidir recopilar información sobre prácticas poco éticas de cobro de deudas dentro de la Agencia Tributaria australiana (ATO). Realizó una divulgación de información de interés público y, a continuación, pretendió inmunidad, basándose en el apartado 10 de la Ley de Divulgación de Información de Interés Público de 2013 (PID), que establece que una persona «no está sujeta a ninguna responsabilidad civil, penal o administrativa (incluidas las medidas disciplinarias) por realizar una divulgación de información de interés público».

El Tribunal de Distrito sostuvo, no obstante, que la Ley PID no especifica que los denunciantes deban estar protegidos por cualquier acción que realicen mientras investigan un caso o recogen pruebas, por lo que no prohíbe ni tampoco aprueba expresamente la grabación de información por parte de un funcionario público para contribuir a la revelación de información de interés público.

Por su parte, el Sr. Boyle argumentó que la protección de los denunciantes también debería aplicarse a la conducta previa a sus revelaciones, ya que la ley tiene como objetivo alentar a los denunciantes y garantizar que sus denuncias se investiguen debidamente.

Boyle recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo del Sur de Australia, alegando que el juez adoptó una interpretación «irrazonablemente restrictiva» de la ley, al considerar que su conducta «no era parte razonable del proceso de revelación de información de interés público».

Esta sentencia reviste una gran importancia, ya que podría afectar ampliamente a las personas que informan sobre infracciones empresariales.

El Fiscal General, Mark Dreyfys KC, que redactó la Ley PID en 2013, admitió que esta tiene lagunas y precisa una reforma, y defendió la protección debida de los denunciantes de Australia. 

El Gobierno australiano, con miras a mejorar el régimen de denuncia de infracciones, introdujo el Proyecto de Ley de Enmienda (revisión) 2022 relativo a la Divulgación de Información de Interés Público, pero aún no ha sido aprobado por el Senado.