El 20 de diciembre de 2023, el Gobierno de Argentina presentó el Decreto 70/2023, que tiene, entre otros, el fin de redefinir el panorama del empleo.
No obstante, la reforma se detuvo. Los sindicatos obtuvieron una medida cautelar contra la entrada en vigor del capítulo dedicado al trabajo y una sentencia parcial de un tribunal laboral ha suspendido los efectos de la nueva ley.
La decisión recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
El 8 de febrero de 2024, la Corte Suprema de los EE. UU. tomó una decisión sobre las protecciones de los denunciantes de irregularidades en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
El caso aclara las normas para demostrar las represalias ejercidas contra los denunciantes de irregularidades en empresas que cotizan en bolsa.
La Corte Suprema aclaró que los denunciantes de irregularidades están obligados a demostrar que su actividad protegida contribuyó a la acción laboral adversa sin la necesidad de demostrar una intención de represalias por parte del empleador.
El 5 de enero de 2024, el Gobierno de Chile promulgó la Ley Karin contra el acoso laboral (en honor a Karin Salgado, una trabajadora que se suicidó después de ser víctima de acoso laboral).
La ley se aplica a todas las empresas, con independencia de su tamaño, e incluye normativas pertinentes para la Administración estatal y sus múltiples organismos.
Pretende establecer un marco jurídico para un entorno de trabajo saludable y seguro, no solo castigando el acoso laboral y sexual, sino también previniéndolo con educación y protocolos.
Modifica el artículo 5-336 de la Ley General de Obligaciones de Nueva York con efecto inmediato y restringe aún más el uso de acuerdos de confidencialidad relacionados con la resolución de demandas por discriminación, acoso y represalias en el trabajo.
Se aplica a todos los acuerdos firmados o celebrados después del 17 de noviembre de 2023.
El 25 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Gauteng declaró que los artículos 25, 25A, 25B, y 25C de la Ley de Condiciones Básicas del Empleo de 1997 (BCEA, por sus siglas en inglés) relacionados con el período mínimo de licencia de maternidad, parental, de adopción y para progenitores comitentes no son válidos.
El Tribunal halló que dichas disposiciones discriminan injustamente entre madres y padres y entre progenitores cuyo hijo nace de la madre, frente a los progenitores por gestación subrogada o adopción, en violación de los derechos de igualdad y dignidad de la Constitución de la República de Sudáfrica.
El Tribunal Constitucional debe confirmar la declaración de invalidez.
El 19 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Caso C-660/20, enfatizó que solo se puede justificar un trato diferente a trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo por razones objetivas.
El Tribunal dictaminó que la legislación nacional que exige a los trabajadores a tiempo parcial trabajar un número adicional de horas igual al que se exige a los trabajadores a tiempo completo para obtener una retribución complementaria es contraria a la legislación de la UE.
Esa disposición es discriminatoria, dado que trata de manera desfavorable a los trabajadores a tiempo parcial, que deben realizar más horas adicionales de servicio que sus compañeros a tiempo completo para recibir la misma retribución complementaria.
El 19 de octubre de 2023, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. alcanzó un acuerdo con la empresa americana Dollar General, finalizando el litigio iniciado en 2017 por presuntas violaciones de las leyes sobre información genética y discapacidad (EEOC v. Dolgencorp, LLC., Caso núm. 2:17-cv-01649-MHH) en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama.
La Comisión alegó que la empresa exigía la revelación de información sobre el estado de salud de los familiares durante el examen médico previo al empleo y utilizaba criterios de selección que excluían a solicitantes cualificados con discapacidades.
El 24 de julio de 2023, el Gobierno del estado indio de Rajastán aprobó la Ley de Registro y Bienestar de los Trabajadores de Plataformas de Rajastán (Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act), convirtiéndose en el primer estado en regular a nivel legislativo a los trabajadores de plataformas.
La ley garantiza derechos laborales, seguridad social y programas de bienestar para los trabajadores de plataformas.