El Decreto 70/2023 tiene importantes implicaciones para los empleadores, ya que influye en las prácticas de contratación, las relaciones laborales y, en general, en las operaciones empresariales dentro del país.

Los puntos clave de la reforma son los siguientes: 

- Mejora de la flexibilidad de los contratos de trabajo: Introduce marcos contractuales más adaptables, que proporcionan más flexibilidad a los empleadores para gestionar las necesidades de la fuerza de trabajo en respuesta a las fluctuaciones económicas.

- Incentivos a la creación de empleo: Ofrece incentivos fiscales y reducciones en las cotizaciones de los empleadores para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo, con el fin de estimular el empleo y el crecimiento económico.

- Negociación colectiva y actividad sindical: Elimina las cuotas de solidaridad obligatorias sin el consentimiento de los empleados y revisa las condiciones del convenio de negociación colectiva. Impone restricciones sobre huelgas, especialmente en los servicios esenciales y las actividades de interés público, y exige la presencia mínima de trabajadores. Además, regula las asambleas del lugar de trabajo para evitar interrupciones en el trabajo y revisa la matriz y los estatutos de las indemnizaciones de los vendedores.

- Legislación laboral individual: El decreto pretende aclarar los cálculos de las indemnizaciones, elimina las sanciones por irregularidades en el registro de los contratos de trabajo y permite la emisión digital de certificados de trabajo. Amplía el período de prueba a ocho meses, facilita la aprobación de contratos individuales por parte de las autoridades laborales, introduce un «banco de horas» o sistema de compensación de las horas y establece directrices para el teletrabajo y los casos de discriminación.

Esta reforma suscitó un enorme debate y la promoción de acciones legales para suspender sus efectos y evaluar su legitimidad. 

Uno de los principales aspectos disputados es que la adopción de unas medidas tan importantes debería haberse realizado a través del procedimiento legislativo ordinario en lugar de utilizar un decreto de emergencia.