El 27 de junio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió su fallo sobre el Caso C-284/23, centrándose en la interpretación de la Directiva 92/85/CEE sobre la protección contra el despido de las trabajadoras embarazadas.
El Tribunal declaró que las leyes nacionales que exigen a las trabajadoras embarazadas presentar una solicitud de admisión a trámite de la demanda extemporánea en un plazo de dos semanas pueden ser incompatibles con la legislación de la UE si dificultan excesivamente la aplicación de los derechos de protección frente al despido.
El 5 de julio de 2024, el Diputado Peter Burke, Ministro de Empresa, Comercio y Empleo, promulgó el Reglamento de la Unión Europea (presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas) de 2024.
Este instrumento legislativo (SI 336/2024) entró en vigor el 6 de julio de 2024, dentro del plazo de transposición de la Directiva de la UE relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD).
El 24 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea (UE) finalizó la adopción de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, propuesta inicialmente por la Comisión Europea el 23 de febrero de 2022.
La Directiva ordena a las empresas que identifiquen y mitiguen los efectos adversos de sus operaciones y cadenas mundiales de suministro en el medioambiente y los derechos humanos.
Se aplica a las empresas situadas tanto dentro como fuera de la UE, incluidas las empresas matrices con una facturación que supere los 450 millones de euros.
El 27 de marzo de 2024, con cierto retraso con respecto al plazo original de establecido por la UE (1 de agosto de 2022), Austria publicó la legislación que transpone la Directiva de Transparencia Europea en el derecho nacional.
Esta nueva legislación entró en vigor el 28 de marzo de 2024 y se aplica a las relaciones de trabajo establecidas después de esa fecha.
Introduce cambios a las leyes laborales existentes para mejorar la transparencia y los derechos de los empleados.
La Directiva (UE) 2024/1233, publicada el 30 de abril de 2024, introdujo un procedimiento optimizado para que los nacionales de terceros países obtengan un permiso único que les autorice a residir y trabajar dentro de un Estado Miembro de la UE, lo que simplifica los procedimientos administrativos.
La Directiva establece derechos estandarizados para los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado Miembro de la UE, a fin de fomentar el trato justo y la integración.
Los Estados Miembros tienen hasta el 21 de mayo de 2026 para transponer estas disposiciones en la legislación nacional, garantizando así la aplicación y el cumplimiento eficaces.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abordó el 20 de febrero de 2024 la disparidad de los protocolos de despido entre los contratos de duración determinada y los indefinidos en virtud de la Directiva 1999/70/CE.
El TJUE reafirmó el principio de no discriminación, estipulando que los trabajadores con contrato de duración determinada no deben recibir un trato menos favorable que los trabajadores permanentes en lo que respecta a los procedimientos de despido, e hizo hincapié en la necesidad de un enfoque uniforme en el despido de los empleados, con independencia del tipo de contrato.
El caso, identificado como C-715/20, surgió de un requerimiento previo del Tribunal de Distrito de Cracovia-Nowa Huta, Polonia.
Este documento ofrece un análisis exhaustivo de la transformación del teletrabajo en la era posterior a la COVID-19.
Esboza las orientaciones futuras y la necesidad de afrontar los marcos emergentes para garantizar el cumplimiento y apoyar las prácticas laborales equitativas.
El 13 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Inteligencia Artificial (IA) con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones.
Este marco ha sido diseñado para prevenir la fragmentación de las normativas en los Estados Miembros, ya que proporciona un entorno jurídico unificado para el despliegue de la IA.