Los trabajadores clave se definen como aquellos que, durante la pandemia, garantizaron la continuidad de determinadas actividades esenciales para satisfacer las necesidades y las funciones básicas de la sociedad, y que también afrontaron un mayor riesgo de exposición al virus. 

Según el informe, los trabajadores clave pueden adscribirse a ocho grandes grupos ocupacionales: trabajadores de los sistemas alimentarios; trabajadores de la salud; trabajadores del comercio al por menor; trabajadores de seguridad; trabajadores manuales; trabajadores de limpieza y saneamiento; trabajadores del transporte, y trabajadores técnicos y administrativos.

En los 90 países sobre los que se dispone de datos, los trabajadores clave representan el 52 % de la población ocupada. No obstante, la proporción es menor en los países de ingresos altos (el 34 %), y las mujeres representan el 38 % de los trabajadores clave en el mundo.

Debido a su mayor exposición al virus, las personas trabajadoras clave sufrieron tasas más elevadas de mortalidad por COVID-19 que los no clave.  

Entre ellos, los trabajadores del transporte sufrieron las tasas más elevadas de mortalidad por COVID-19, incluso por encima de los trabajadores sanitarios que mantuvieron un contacto más estrecho con pacientes infectados, dado que tuvieron menor acceso a los medios de protección de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), lo que confirma su importancia para prevenir enfermedades.

En informe también revela que las empresas clave proveedoras de bienes y servicios considerados esenciales por los gobiernos 

tuvieron que hacer frente a numerosas dificultades. Entre ellas, la perturbación de las cadenas de suministro, la incertidumbre financiera, el descenso de las inversiones, la falta de dotación de personal y la aplicación de directrices de emergencia en materia de SST.

Los trabajadores clave comparten las siguientes características: elevados riesgos relacionados con la SST; exceso de temporalidad en la situación contractual (con diferencias nacionales y sectoriales considerables); horarios de trabajo largos e irregulares; bajos niveles retributivos (los empleados clave ganan un 26 % menos que los demás empleados); infrarrepresentación; déficit de protección social (incluida la licencia por enfermedad remunerada), y formación insuficiente.

Las leyes, los convenios colectivos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y los sistemas de administración e inspección del trabajo deben enfocarse en lograr los siguientes objetivos: la protección de la seguridad y la salud en todas las ramas de actividad económica y para todos los trabajadores; la igualdad de trato para todas las modalidades contractuales; unos horarios de trabajo seguros y previsibles, así como unos salarios que reflejen la contribución social de los trabajadores clave; la protección social universal y la formación de trabajadores con mayor capacidad de respuesta y adaptación. 

El informe destaca que las inversiones en infraestructuras físicas y sociales en sectores clave son una condición necesaria para mejorar las condiciones de trabajo, favorecer la continuidad de las empresas y crear economías resilientes.

Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben garantizar que las empresas dispongan de los recursos adecuados para reforzar su capacidad de mantener el suministro de productos y servicios clave en tiempos de crisis.