Es el primer reglamento a gran escala del mundo sobre el uso de la inteligencia artificial. Su objetivo es establecer una norma mundial para el uso de la IA, reconocer su enorme potencial e intentar mitigar sus riesgos y repercusiones.

El reglamento se basa en la primera propuesta enviada por la Comisión Europea en abril de 2021. Las normas establecen obligaciones para la IA basadas en sus riesgos potenciales y en su nivel de repercusión.

Los sistemas de IA que presenten solo riesgos limitados están sujetos a una obligaciones de transparencia muy leves (por ejemplo, la declaración de que su contenido ha sido generado por IA), mientras que los sistemas de IA de alto riesgo podrían estar sujetos a una serie de requisitos y obligaciones para acceder al mercado de la UE.

Las aplicaciones prohibidas de la IA, entre otras, engloban los sistemas de categorización biométrica que usan características sensibles (por ejemplo, ideologías políticas, creencias religiosas o filosóficas, orientación sexual, raza) y sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir su libre albedrío o que se usan para aprovechar las vulnerabilidades de las personas.

El acuerdo provisional también aclara que el reglamento no debe afectar las competencias en materia de seguridad nacional de los Estados miembros y no se aplicará a los sistemas utilizados exclusivamente con fines militares o de defensa o de investigación e innovación.

A fin de vigilar los modelos más avanzados de IA y hacer cumplir las normas comunes en todos los Estados miembros, la Comisión ha creado una Oficina de la IA.

Los Estados miembros de la UE, los representantes de la industria y las pymes desempeñan un papel esencial en la consulta y provisión de conocimientos técnicos especializados a la hora de aplicar el reglamento.

Por último, el reglamento introduce varias multas por infringir la Ley de la IA, que se calculan como un porcentaje del volumen de negocio anual de la empresa.