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Bélgica: Pacto Laboral y Ley de Varias Disposiciones Laborales

  • El 29 de septiembre de 2022, el Parlamento aprobó el texto final del nuevo Pacto Laboral que trae consigo cambios significativos en la legislación y las prácticas en materia de empleo. El 10 de noviembre de 2022, se publicó la Ley de Varias Disposiciones Laborales en el Boletín Estatal de Bélgica.

Como informamos previamente, en febrero de 2022, el Gobierno de Bélgica propuso un paquete de medidas para reformar el mercado laboral del país, con el fin de aumentar la flexibilidad e impulsar el empleo, el llamado «Pacto Laboral».

Después de varios meses, se aprobó el proyecto de ley para la aplicación de dicho pacto.

Los principales cambios son los siguientes:

1. Tiempo de trabajo: La ley ofrece a los empleados más flexibilidad en cuanto a tiempo de trabajo, lo que debería traducirse en un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. Para ello, introduce unos horarios flexibles de trabajo a tiempo parcial y la posibilidad de trabajar en un horario semanal alterno a tiempo completo a petición de los empleados y después de modificar las normas de trabajo con un acuerdo individual. Bélgica también se ha convertido en el primer país de la Unión Europea (y el tercero del mundo, después de Islandia y Nueva Zelanda) en introducir oficialmente la semana laboral de cuatro días como una opción para sus trabajadores. Asimismo, introduce el trabajo nocturno en actividades de comercio electrónico a través de un convenio de negociación colectiva a nivel de empresa. 

2. Trabajadores de plataformas: El legislador introdujo una presunción iurus tantum de la existencia de un contrato de empleo para la economía de plataformas desde el 1 de enero de 2023. Esta presunción jurídica será objeto de una evaluación intermedia después de un año, y de una evaluación final después de dos, por parte del Comité de Dirección General del Estado Social de los Autónomos y del Consejo Superior de Autónomos y Pymes. Además, se exigirá a las plataformas digitales que contraten un seguro de accidentes en beneficio de los trabajadores autónomos, con el fin de protegerles de las lesiones corporales que puedan producirse por accidentes en el lugar de trabajo y durante el desplazamiento desde y hasta el lugar de trabajo.

3. Despido: La ley prevé la posibilidad de una vía de transición en caso de despido con un período de preaviso, a solicitud de los empleadores o los empelados, y después de firmar previamente un acuerdo cuatripartito de duración máxima equivalente al período de preaviso. Estas disposiciones serán objeto de revisión por parte del Consejo Nacional de Trabajo antes del 30 de junio de 2024. Además, los empleados que sean despedidos con un período de preaviso de al menos 30 semanas desde el 1 de enero de 2023 tienen derecho a ausentarse del trabajo durante el último tercio del período de preaviso para seguir unas medidas de actualización de competencias al mismo tiempo que mantienen su remuneración.

4. Formación: El Pacto Laboral obliga a los empleadores con 20 o más empleados a firmar un plan formativo anual, con algunas disposiciones obligatorias, no más tarde del 31 de marzo de cada año, que se presentará al comité de empresa o, en su ausencia, a la delegación sindical. El plan formativo debe realizarse dentro de la empresa, y los empleados y sus representantes deben tener acceso a él con una simple petición. Desde el 1 de enero de 2023, cada empleado tiene también el derecho individual de recibir formación durante cuatro días al año (para empleos a tiempo completo) que, desde el 1 de enero de 2024, serán cinco días de formación al año (para empleos a tiempo completo).

5. Derecho a desconectar del trabajo: Los empleadores con al menos 20 empleados están obligados a introducir y respetar el derecho a desconectar del trabajo a través de un convenio colectivo a nivel de empresa o de las normativas de trabajo, así como a tener en cuenta actividades de formación para empleados y directivos destinadas a fomentar el derecho a la desconexión.

Los empleadores deben revisar y actualizar cuando sea necesario todas sus normativas, contratos y políticas para cumplir con la nueva ley.