Después de largas y turbulentas negociaciones, que hemos narrado paso a paso en nuestras ediciones previas, finalmente se ha alcanzado un acuerdo sobre la directiva propuesta.

Como ya habíamos analizado, el acuerdo pretende, principalmente, aclarar la situación laboral de los trabajadores de plataformas, así como garantizar unas condiciones de trabajo justas y promover las protecciones sociales como parte del esfuerzo colectivo para adaptar las leyes laborales a las realidades de la era digital, equilibrando la innovación con los derechos de los trabajadores.

El acuerdo introduce la presunción legal del empleo que tiene por objetivo definir la situación laboral de los trabajadores de plataformas y abordar el conflicto sobre la clasificación de estos.

Además, impone una mayor transparencia al uso de algoritmos para la gestión de los recursos humanos, lo que permite a los trabajadores cuestionar las decisiones automáticas.

Antes de la reunión decisiva sobre la directiva, BusinessEurope manifestó tener grandes preocupaciones, en concreto sobre la presunción de existencia de una relación laboral y las posibles cargas normativas adicionales para el sector. Markus J. Beyrer, Director General de BusinessEurope, enfatizó que el principio de presunción de existencia de una relación laboral propuesto y los desafíos normativos conexos, como los requisitos relativos a la divulgación, las evaluaciones del impacto y la supervisión de los sistemas de gestión algorítmica, siguen suscitando una gran preocupación en el sector.

BusinessEurope exige que la presunción legal de la existencia de una relación laboral esté en consonancia con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, y sugiere que los Estados Miembros puedan suspenderla si se impugna la clasificación de situación laboral de una plataforma.

Esta postura subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que respete las dinámicas del mercado de trabajo digital, al mismo tiempo que garantice la protección de los trabajadores de plataformas.

El texto del acuerdo se aprobará oficialmente, y los Estados Miembros dispondrán de dos años para incorporar las disposiciones de la directiva en su legislación nacional.