Como informamos previamente, la Ley de Inteligencia Artificial adopta un enfoque de regulación basado en los riesgos, con el fin de equilibrar el fomento de la innovación y los avances tecnológicos con la protección de los trabajadores y los ciudadanos. 

Enfatiza la instauración de la seguridad jurídica para las empresas y los inversores, al reconocer la importancia de unas directrices normativas claras para fomentar la inversión y la innovación de las tecnologías de IA.

La Ley de Inteligencia Artificial presenta reglamentaciones completas para desarrollar, desplegar y usar las tecnologías de la IA.

El marco basado en riesgos de la legislación clasifica y regula las aplicaciones de la IA según el nivel de riesgo que planteen, de mínimo a alto. Este enfoque pretende proteger a los trabajadores y las empresas sin reprimir los avances tecnológicos. Para las empresas, esto se traduce en una mayor comprensión de las expectativas normativas para diferentes aplicaciones de la IA, lo que facilita una toma de decisiones y una planificación estratégica mejor fundamentadas.

El Director General de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, afirmó que la eficacia de la ley dependerá de su ejecución. Breyrer destaca la importancia de la seguridad jurídica y la interpretación práctica de la ley, y señala que la necesidad de una legislación secundaria y unas directrices amplias podría complicar el panorama normativo. Resulta esencial que las empresas que invierten en IA comprendan los requisitos legales y su aplicación para afrontar el entorno normativo y tomar decisiones de inversión sólidas.

Asimismo, Beyrer enfatiza la necesidad de que Europa lidere la elaboración de normas y apoye y facilite el desarrollo de la IA. Esto incluye facilitar el acceso al capital y la financiación de iniciativas relacionadas con la IA, lo que es fundamental para mantener la competitividad de Europa en la escena internacional. Los ambiciosos objetivos de inversión de la Comisión Europea para la IA subrayan el potencial de crecimiento de este sector. No obstante, la consecución de estos objetivos requerirá un esfuerzo concertado, a fin de alinear los marcos normativos con las realidades del desarrollo de la IA y las condiciones económicas.

Tanto el Parlamento como el Consejo deben adoptar oficialmente el texto acordado.