La ley ordena la adopción, desde marzo de este año, de un conjunto planificado de medidas y recursos que incluyan protocolos para prevenir y abordar el acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Este requisito es parte de un esfuerzo mayor para garantizar que los lugares de trabajo cumplan con las obligaciones legales y reflejen un compromiso con la diversidad y la inclusión, así como para combatir la discriminación en el lugar de trabajo.

En el diálogo participan las partes interesadas, entre ellas, los sindicatos y las organizaciones de empleadores. Este enfoque colaborativo indica la importancia de la unidad a la hora de abordar la discriminación y fomentar un entorno de trabajo más inclusivo.

Esta iniciativa, encabezada por la Vicepresidenta Yolanda Díaz, es una oportunidad para que las empresas lideren el fomento de una cultura laboral inclusiva e impulsen así unos resultados positivos para su fuerza de trabajo y para la sociedad en general.

La aplicación de estas medidas también mitiga los riesgos asociados al incumplimiento, y los empleadores deberían comenzar a revisar sus políticas para verificar su adecuación con las nuevas disposiciones.