El principal objetivo de la Directiva, que entró en vigor el 16 de diciembre de 2019, es la armonización entre todos los Estados Miembros de las normas mínimas establecidas para garantizar la protección de los llamados «denunciantes» (whistleblowers, en inglés), incluida la obligación de aquellos amparados por la legislación de adoptar canales de denuncia seguros que permitan a los denunciantes presentar denuncias mientras se mantiene la máxima confidencialidad de su identidad.

Como informamos previamente, los Estados Miembros debían aplicar la Directiva sobre denuncia de infracciones antes del 17 de diciembre de 2021, y la Comisión Europea inició en 2022 el procedimiento por infracción para los Estados que incumplieran la legislación.

Finalmente, el 24 de enero de 2023, el Senado holandés aprobó la Ley de Protección de Denunciantes, que reemplazó la Ley de Autoridad de Denunciantes de 2016. Introduce medidas nuevas y más protectoras para los denunciantes, y también incluye a una figura que denuncia infracciones del Derecho de la Unión (europeo) y violaciones de las normas internas de los empleadores, como códigos de conducta y normativas empresariales. 

Amplía el círculo de las personas protegidas, incluidos los autónomos y los trabajadores temporales, así como las personas que ayudan al denunciante y tratan la denuncia interna.

Asimismo, prohíbe las represalias contra los denunciantes, y el empleador debe demostrar que cualquier perjuicio eventual no tenga relación con la denuncia. Además, los denunciantes pueden presentar su denuncia directamente a las autoridades competentes, como la Autoridad de Protección de Denunciantes, la Autoridad de Protección de Datos Personales o la Autoridad de Mercados Financieros. 

Dispone requisitos más estrictos para el procedimiento interno de denuncia de los empleadores.

La ley ya se aplica a los empleadores con al menos 250 empleados, mientras que las empresas medianas (que tengan entre 50 y 249 trabajadores) tienen hasta el 17 de diciembre de 2023 para adaptar o establecer su procedimiento interno de denuncia.

En Italia, el Decreto Legislativo núm. 24 de 10 de marzo de 2023, que transpone la Directiva 2019/1937 sobre denuncia de infracciones, se publicó en el Boletín Oficial el 15 de marzo de 2023. 

La principal novedad es la ampliación de la obligación de activar un canal interno de denuncia (antes reservado a entidades a las que se exigía adoptar modelos organizacionales conforme al Decreto Legislativo 231/2001) a entidades privadas que hayan empleado a una media de al menos 50 trabajadores con contratos de trabajo indefinidos o definidos en el último año. 

No obstante, esta obligación entrará en vigor a partir del 17 de diciembre de 2023 para las empresas que hayan empleado a una media de hasta 249 empleados en el último año.

El decreto amplió la lista de las personas protegidas a todos los empleados, autónomos y empleados potenciales, antiguos empleados, empleados en período de prueba y «facilitadores» (es decir, aquellos que ayudan al trabajador o la trabajadora durante el proceso de denuncia).

La protección consiste en la prohibición de revelar su identidad sin su consentimiento, incluso en el marco de procedimientos disciplinarios contra la persona acusada, así como la prohibición de represalias (conductas, actos u omisiones, incluso si solo se intentan o se amenaza con llevarlos a cabo, realizados con motivo de la denuncia y que causan o puedan causar un daño injusto).

Los empleadores deben activar un canal interno de denuncia, designar y formar a personas internas a cargo de gestionar dicho canal, y elaborar y difundir un procedimiento para todos los empleados sobre los requisitos previos y las modalidades para activar el canal de denuncia.

Las disposiciones del decreto entran en vigor el 15 de julio de 2023.