A continuación, encontrarán un breve resumen de los principales cambios que ha introducido la ley desde una perspectiva laboral y sus implicaciones para las empresas:

• Simplificación del registro de empleo

Uno de los aspectos con mayor repercusión de la nueva ley es la introducción de un sistema electrónico simplificado para registrar los contratos de trabajo. El sistema pretende ser rápido y eficiente, y reducir las cargas administrativas para los empleadores. Para las empresas pequeñas con hasta 12 empleados, la ley prevé un sistema simplificado de registro de los recibos de nómina, el cual contempla un importe único que abarca todas las responsabilidades jurídicas y de seguridad social. Además, en caso de intermediación laboral, el registro por cualquiera de las partes de la cadena se considera suficiente y legal para evaluar el cumplimiento.

• Eliminación de sanciones

La ley deroga las importantes multas por incumplimiento de los requisitos de registro laboral establecidas previamente en las leyes 24.013 y 25.323. Se espera que esta medida logre una disminución de los litigios, eliminando así un importante incentivo económico para iniciar demandas contra las empresas.

• Ampliación del período de prueba

El período de prueba para los nuevos empleados se amplía hasta 6 meses. Los convenios colectivos podrán ampliar dicho período hasta los 8 meses en las empresas de 6 hasta 100 trabajadores y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores. Durante el período de prueba, cualquiera de las partes puede terminar la relación de empleo sin causa justificada y tiene derecho a recibir una indemnización. Esta ampliación ofrece más flexibilidad a los empleadores para evaluar la idoneidad de las nuevas contrataciones durante un período de tiempo más prolongado.

• Disposiciones revisadas para contratistas e intermediarios

La ley introduce importantes cambios en las disposiciones relacionadas con los contratistas y los intermediarios. Aclara que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no se aplica a las contrataciones de servicio, agencia y de otro tipo reguladas en virtud del Código Civil y Comercial de Argentina. Además, especifica que no se aplica la presunción de existencia de una relación de trabajo cuando la relación se trate de contrataciones de servicios profesionales en las que se emitan los recibos correspondientes y se realicen transacciones bancarias. Este cambio pretende diferenciar entre contratistas independientes y empleados, reduciendo así el riesgo de reclamaciones por clasificación errónea de los trabajadores.

• Solidaridad y ajustes de mediación

La reforma modifica el artículo 29 de la LCT, y estipula que los trabajadores se considerarán empleados directos de la entidad que registre la relación laboral, independientemente de si se les contrata para proporcionar servicios a terceros. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social durante el período de prestación de los servicios.

• Nuevas disposiciones relacionadas con la licencia familiar y de maternidad

La licencia de maternidad se amplía de 12 a 14 semanas, con disposiciones relacionadas con las licencias de paternidad, la licencia familiar y la licencia de vinculación en caso de adopción. Estos cambios reflejan un enfoque más moderno sobre la conciliación de la vida laboral y personal y las responsabilidades familiares.

• Despidos discriminatorios

La ley introduce una nueva disposición que permite a los jueces aumentar las indemnizaciones entre un 50 % y un 100 % en aquellos casos en los que el trabajador demuestre que su despido se basó en motivos discriminatorios, como la raza, la religión, el género o la ideología política.

La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó la Ley de Bases: «Apoyamos la Ley de Bases y creemos que el proceso de diálogo (en el Congreso) ha sido muy constructivo», afirmó su Presidente, Daniel Funes de Rioja, que también exigió «salvaguardar la producción frente a la competencia desleal». De hecho, la UIA ha enfatizado, y sigue haciéndolo ahora que se han promulgado los diferentes decretos de aplicación, que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ley, que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer a grandes inversores, representa «competencia desleal» frente a las inversiones de las pymes, que no tendrían acceso a las importantes rebajas fiscales propuestas por el proyecto de ley del Gobierno.