La ley revisada prohíbe la discriminación contra las mujeres en relación con los salarios y las prestaciones sociales durante el matrimonio y el embarazo, la clasificación para obtener un ascenso, los contratos de trabajo y la jubilación. La enmienda también insta a las empresas a establecer mecanismos para prevenir con eficacia el acoso sexual contra las mujeres, así como para gestionar de inmediato dichas quejas. Además, prohíbe a los empleadores preguntar a las solicitantes de empleo sobre su estado civil o situación parental y rechazarlas sobre la base de sus respuestas, así como que las pruebas de embarazo sean parte de los reconocimientos físicos para el empleo.

Por último, la ley protege a las empleadas frente a despidos o reducciones salariales en caso de contraer matrimonio, quedarse embarazadas o acogerse a una licencia de maternidad.

La tabla de referencia de sanciones identifica cinco infracciones de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer y los divide en dos categorías: general y grave.

Dependiendo de si las infracciones se consideran «generales» o «graves», el importe de la multa de la tabla varía entre los 10 000 RMB y los 50 000 RMB (en comparación con los importes de 2022, que oscilaban entre los 3000 RMB y los 10 000 RMB).

La determinación de las multas también dependerá del número de empleados afectados por las infracciones, de si las correcciones se efectuaron dentro del plazo exigido y del número de infracciones cometidas en 12 meses.

El aumento de las sanciones confirma la importancia de este tema, así como que el gobierno está prestando cada vez más atención a la aplicación y la supervisión de la Ley sobre la Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, que puede contribuir a alcanzar la igualdad de género en materia de empleo.