El nuevo deber positivo introducido en diciembre de 2022 con la Ley sobre Discriminación Sexual reorienta la atención de los empleadores hacia la prevención en lugar de hacia la respuesta activa frente a las conductas ilícitas.
A la vez que enfatiza que las acciones requeridas dependen de la empresa y que no existe un enfoque único, las directrices identifican siete normas de actuación para los empleadores y cuatro principios rectores esenciales. Los principios que deben tenerse en cuenta y aplicarse al poner en marcha las siete normas son:
- Un enfoque basado en los derechos y centrado en las personas.
- El derecho de los trabajadores a la consulta.
- El fomento de la igualdad de género.
- El reconocimiento de la interseccionalidad.
Las normas se extraen de la recomendación fundamental clave del histórico informe Respect@Work de la Comisión, publicado en marzo de 2020, y que se resume a continuación:
Las normas están interconectadas y proporcionan un marco para prevenir y responder al comportamiento ilícito que las organizaciones y empresas pueden adaptar a su realidad para cumplir su deber positivo.
En todo caso, la Comisión apoya la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevas estrategias por parte de las empresas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como para fomentar las culturas positivas en los lugares de trabajo de manera razonable y proporcional a las circunstancias.
La Comisión se remitirá a las directrices para evaluar el cumplimiento del deber positivo a partir de diciembre de 2023.
La Comisión Australiana de Derechos Humanos también ha publicado:
A Quick Guide for Complying with the Positive Duty under the Sex Discrimination Act 1984 (Cth).
A Resource for Small Business on the Positive Duty under the Sex Discrimination Act 1984 (Cth).
Respuestas y estrategias políticas
Noticias internacionales
Diálogo social
Legislación laboral
Decisiones judiciales
Contribución del sector privado