Previamente les informamos de la introducción del Proyecto de ley relativo a los acuerdos sobre una remuneración justa. La controvertida legislación proporciona un marco para la negociación colectiva de acuerdos de remuneración justa en sectores u ocupaciones completos, no solo entre sindicatos y empleadores particulares.

Las organizaciones de empleadores siempre se han opuesto firmemente a esta reforma, ya que consideran que no está en consonancia con las normas internacionales del trabajo y que limita la flexibilidad y la autonomía en el lugar de trabajo.

La oposición se había comprometido a revocar la ley, y eso es lo que ha ocurrido. 

El Proyecto de derogación de la FPA, según su nota explicativa, «elimina el marco negociador que permite a los sindicatos y a las asociaciones de empleadores negociar acuerdos sobre remuneración justa que especifiquen condiciones de empleo mínimas en toda la industria u ocupación, y que permite a la Autoridad de Relaciones Laborales determinar dichas condiciones mínimas de empleo en algunas circunstancias».

Hasta ahora, no se había cerrado ningún acuerdo sobre remuneración justa. 

Por tanto, la repercusión del proyecto de ley será eliminar la posibilidad de cerrar ningún acuerdo de este tipo al restaurar el anterior marco normativo, que aporta flexibilidad y autonomía a los empleadores y los empleados (o sindicatos) a la hora de acordar sus términos y condiciones de empleo (siempre y cuando estén por encima de las disposiciones mínimas especificadas en la Ley de Relaciones Laborales de 2000).

Las organizaciones que recogen información para solicitudes de acuerdos sobre remuneración justa deben garantizar el cumplimiento de la Ley de Privacidad de 2020.