En virtud de la Directiva, las empresas deben identificar y abordar los efectos adversos potenciales y reales de sus operaciones, filiales y cadenas de suministro en el medioambiente y los derechos humanos. Asimismo, deben adoptar un plan de transición del cambio climático en consonancia con el límite de calentamiento global de 1,5 ºC del Acuerdo de París. Además, las empresas deben tratar de prevenir el trabajo infantil y otras infracciones en sus cadenas de suministro.

Los Estados Miembros deben designar a una autoridad que supervise y haga cumplir la Directiva mediante medidas cautelares y multas de hasta el 5 % de la facturación mundial neta de las empresas. La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Supervisión para apoyar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas. Las empresas serán responsables de los daños causados al infringir sus obligaciones de debida diligencia.

La Directiva entrará en vigor el 25 de julio de 2024. Los Estados Miembros tendrán dos años para transponer la Directiva en la legislación nacional. Las empresas deben cumplir las normas un año después de la transposición nacional, con una aplicación progresiva de 3 a 5 años, dependiendo del tamaño de la empresa y de los umbrales de facturación.

Entre los plazos específicos figuran los siguientes:

• A partir de 2027: Empresas con más de 5000 empleados y una facturación mundial superior a 1500 millones de euros.
• A partir de 2028: Empresas con más de 3000 empleados y una facturación mundial superior a 900 millones de euros.
• A partir de 2029: Todas las empresas restantes dentro del alcance de la Directiva, incluidas aquellas con más de 1000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros.

El Director General de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, destacó la necesidad de una transposición armonizada y una orientación clara para las empresas.

En el comunicado de prensa, declaró: «Las nuevas normas de debida diligencia serán la mayor reforma legislativa empresarial de la historia de la UE, ya que impondrán amplias obligaciones, responsabilidades y sanciones a las empresas europeas». Hizo hincapié en la necesidad de proporcionar un único reglamento, en lugar de 27 versiones nacionales, para garantizar la claridad y la uniformidad.

Asimismo, subrayó la importancia de que las empresas, independientemente de su tamaño, reciban apoyo y orientación por parte de la Comisión y de las autoridades nacionales, a fin de prepararlas y dotarlas de los recursos necesarios para cumplir los objetivos de la legislación.