En primer lugar, por supuesto, es constructivo y alentador que la salud mental y el desarrollo general de las personas sean importantes en los programas legislativos en todo el mundo. No obstante, por otra parte, se debería debatir más sobre la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas de los gobiernos en este asunto (no solo la de los empleadores).

En la mayoría de los casos, las interacciones en el lugar de trabajo se asemejan a unas condiciones de laboratorio perfectas para evaluar, determinar o ser testigos de experimentos psicológicos, o para observar todos los tipos de comportamientos que tienen lugar delante de nuestros ojos. Las condiciones físicas, el estrés, las interacciones y el ambiente general de cualquier empresa compartida de forma colectiva por personas que pasan más tiempo en el trabajo que en casa, crean tendencias y reacciones interesantes que todo especialista jurídico y de los recursos humanos con una exposición considerable a cuestiones de empleo debe comprender y apreciar.

El modelo de la legislación laboral combina bien con las ciencias sociales, la investigación científica, la psicología, el liderazgo, la tecnología y muchos otros ámbitos para formar lo que puede describirse como el alcance de la población mundial de empleados. Es en el lugar de trabajo donde los empleadores y los empleados, de manera muy similar a la de nuestros antiguos predecesores, forman nichos sociales para alcanzar objetivos, progresar y garantizar un medio de subsistencia para todos los miembros. Ahora, en referencia a estos empleados y empleadores, es vital no polarizar y antagonizar, ya que es esencial verificar que lo que hizo que las antiguas sociedades prosperaran no fue la división de los miembros, sino la capacidad de cooperar y obtener objetivos compartidos mediante la colaboración, y no necesariamente compitiendo internamente entre sí.

La legislación debe encender esta esencia colaborativa del comportamiento humano, y los empleadores, los empleados y los sindicatos deben aceptarla a medida que nos convertimos en una sociedad tecnológicamente más avanzada. Sería un terrible error promulgar nuevas leyes con ideas erróneas y desfasadas que fomenten la diferencia de intereses en el lugar de trabajo, mientras que, por otra parte, podríamos avanzar hacia una concepción más moderna sobre el comportamiento humano al aprender de nuestra realidad y, al igual que las antiguas civilizaciones, evolucionar sobre la base de la colaboración y la resolución de problemas complejos, no de la creación de problemas.

Por consiguiente, es un hecho que los empleadores y el lugar de trabajo real son dos de los muchos factores importantes que rodean esta nueva tendencia y debate. No obstante, no debemos olvidar a otros actores relevantes que, de hecho, son responsables y están obligados a cuidar de la salud y la sostenibilidad de las poblaciones. El Gobierno, al menos en México, es responsable del derecho a la salud que el pueblo mexicano confirma (al menos de forma constitucional), y es un error depender únicamente de los empleadores, o lo que es peor, culparlos por la ausencia de este derecho.

Es crucial que los legisladores, abogados y consultores de todo el mundo escapen del delirio cegador del conocimiento, la comprensión y la intuición comunes para lograr verdaderamente una comprensión más profunda de las cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo. Como afirmaron Stephen Sloman y Phillip Fernbach en su investigación[1], los mayores logros de la humanidad surgen de dos capacidades: a) la división del trabajo cognitivo y b) la intencionalidad compartida.

El trabajo cognitivo es la capacidad de perseguir un objetivo común (como la construcción de una casa), mientras que la intencionalidad compartida se refiere a la división del objetivo común en subobjetivos y competencias específicas (escayolistas, fontaneros, carpinteros, etc.) que deben participar en la intencionalidad compartida de la construcción de la casa. 

En relación con las cuestiones de salud mental y empleo, los gobiernos y los empleadores deben mantener conversaciones más profundas y compartir la intencionalidad, ya no que no es a través de la obligación, sino a través de la cooperación, como podría colmarse la brecha entre bienestar y sostenibilidad social.

Al igual que todo lo demás, la estabilidad en el lugar de trabajo y la prevención de conflictos, quejas y desacuerdos no es el resultado de un proyecto de ley del Congreso, o no surge del debate económico, sino, principalmente, de la comprensión de la interacción social. Debemos ser mucho mejores al reconocer y tener en cuenta el discurso social, o como mínimo, debemos reconocer que el paradigma de la legislación laboral descansa exclusivamente en la interacción humana y la evolución del grupo.

En este caso, la evolución de la humanidad y el lugar de trabajo se basa en el hecho de que la salud mental, como parte de la salud general, es un derecho constitucional de los ciudadanos y, por ello, una obligación del Estado. La intencionalidad compartida será esencial para comprender que los empleadores desempeñarán un papel crucial. Sin embargo, no se les debe dejar solos con una responsabilidad que conlleva más responsabilidad compartida de la que ahora se debate. 

Esto no quiere decir que la salud mental no sea importante, ya que es fundamental aprender que el bienestar o la salud de cada persona se sitúa en el núcleo del gobierno y el empleo. En este punto crucial es donde, ahora más que nunca, la psicología, la medicina, la política y las ciencias sociales deben ser parte de una agenda legislativa más sólida.

Juan José Díaz Mirón - Vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN)