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EE. UU.: El Gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy (D) promulgó la «Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales».

  • El 6 de febrero de 2023, el Gobernador de Nueva Jersey promulgó el Proyecto de Ley de la Asamblea núm. A1474/S511,1, conocido como la «Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales» relativa al empleo y la protección de los trabajadores temporales.
  • Su propósito es eliminar las disparidades salariales y aumentar la supervisión de las agencias de dotación de personal temporal.

La Declaración establece unas obligaciones significativas para las empresas de dotación de personal y los empleadores de terceros, ya que impone a dichas empresas nuevos requisitos de mantenimiento de registros y crea unas sanciones elevadas por represalias. 

¿A quién se aplica la ley? 

 

La ley se aplica a los trabajadores no exentos asignados por una empresa de dotación de personal temporal para desempeñar un trabajo en las siguientes categorías ocupacionales (como define la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos): los trabajadores de los servicios de protección, las profesiones relacionadas con la preparación de alimentos y la hostelería, la limpieza y el mantenimiento de terrenos y edificios, los cuidados y los servicios personales, los peones de la construcción, los ayudantes, los oficios de la construcción, los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, las profesiones relacionadas con la producción, el transporte y el desplazamiento de materiales o mercancía. 

¿Qué es un trabajador temporal?

La Declaración de Derechos define «trabajador temporal» como una persona contratada por una empresa de ayuda temporal para ocupar un puesto de una clasificación designada (véase el apartado anterior).

¿Cuáles son las principales disposiciones?

- Requisitos de notificación: Las agencias de trabajo temporal deben avisar por escrito a los trabajadores temporales cuando se produzca una nueva asignación de trabajo. Dicho aviso debe contener información detallada sobre la agencia de empleo, el nombre, la naturaleza y la duración del trabajo que desempeñará, la remuneración ofrecida y el sitio de trabajo asignado, entre otros muchos datos. Asimismo, se les debe informar por adelantado de todo cambio de calendario, turno o ubicación para tareas de más de una jornada de duración. 

- Disposiciones contra represalias: La Declaración prohíbe las represalias contra los trabajadores temporales que ejerzan sus derechos en virtud de la ley, como presentar quejas a la agencia de empleo o a la empresa cliente e iniciar o participar en cualquier proceso relacionado con la Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales.

- Cambios en las tarifas de remuneración: las empresas de dotación de personal deben pagar a los trabajadores temporales asignados para trabajar para un cliente externo la misma tarifa de remuneración promedio y las prestaciones equivalentes que reciben los empleados permanentes del cliente externo que realizan el mismo trabajo o uno similar. A petición de los trabajadores temporales, las empresas de dotación de personal deben retener los salarios diarios y proporcionar cheques de pago quinquenales para evitar tarifas de cambio de cheques innecesarias que consuman las ganancias.   

- Certificación con la División de Asuntos del Consumidor: todas las agencias de trabajo temporal deben estar certificadas por la División de Asuntos del Consumidor, que les exigirá justificantes del seguro de desempleo, así como de la indemnización de los trabajadores.

- Derecho de acción privada: Los trabajadores temporales, las agencias de trabajo temporal y los empleadores clientes tendrán el derecho a presentar una demanda en virtud de la Ley en un plazo de seis años desde que se produzca cualquier infracción.

¿Cuándo entra en vigor?

Las disposiciones de notificación y contra represalias entrarán en vigor el 7 de mayo de 2023, mientras que el resto lo hará el 5 de agosto del mismo año.

¿Qué deben hacer las empresas?

Las agencias de trabajo temporal y las empresas que las contratan deben revisar sus políticas y contratos y comprobar sus prácticas de remuneración, especialmente en lo que respecta a las nóminas y la frecuencia de los pagos, a fin de cumplir las nuevas disposiciones.