El salario mínimo varía significativamente entre los países de la Unión Europea. En julio de 2022, el salario mínimo era de tan solo 363 € al mes en Bulgaria, mientras que en Luxemburgo alcanzaba los 2313 € al mes. Los salarios mínimos más altos se encuentran en Luxemburgo, Irlanda y Alemania, y los más bajos, en Bulgaria, Letonia y Estonia (puede consultar un mapa interactivo con el salario mínimo legal aquí).

En la UE, 21 de 27 países tienen un salario mínimo legal. Por el contrario, en los seis países restantes (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia) los niveles salariales se determinan a través de negociación salarial colectiva.

Con la adopción de la Directiva sobre salarios mínimos el pasado 14 de septiembre de 2022, dos tercios de los países de la UE verán aumentados sus salarios mínimos.

Se espera que la Directiva sobre salarios mínimos de la UE influya en la brecha salarial de género, estrechándola al menos un 5 %.

La Directiva no establece una cifra para el salario mínimo y no obliga a los países que actualmente no cuentan con él a introducir uno en su legislación. No obstante, fomenta la negociación colectiva sobre determinación salarial y unos niveles adecuados de salarios mínimos legales, con el fin de mejorar el acceso eficaz de todos los trabajadores de la UE a la protección del salario mínimo.

Los Estados Miembros con salarios mínimos legales deben garantizar que dicho salario sea adecuado para alcanzar un nivel de vida decente, y definir esos criterios mediante sus prácticas nacionales, ya sea en la legislación nacional pertinente, en las decisiones de los organismos competentes o en acuerdos tripartitos.

En el texto acordado, los países también deben combatir la subcontratación abusiva, el falso empleo autónomo y las horas extraordinarias no declaradas. Además, los Estados Miembros deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que existan herramientas eficaces de recopilación de datos con las que supervisar la protección del salario mínimo.

Ahora el Consejo Europeo debe adoptar oficialmente la Directiva y, una vez que esto suceda, los Estados Miembros dispondrán de dos años para aplicar las disposiciones de la Directiva en sus legislaciones.