El Gobierno introdujo un reglamento para permitir que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal cubrieran las obligaciones de los empleados mientras los últimos estuvieran en huelga, para minimizar los efectos negativos e injustos de las huelgas en la sociedad del país.

Como resultado, trece sindicatos que representan a tres millones de trabajadores ―aproximadamente― recurrieron la decisión del Gobierno sosteniendo que violaba los derechos sindicales, afectaba negativamente a los conflictos laborales y ponía en peligro la seguridad pública. 

El Tribunal Superior dictó una orden de anulación declarando que los reglamentos eran ilegales con arreglo al Motivo 1 por violar el deber legal que exige que la consulta sobre una propuesta tenga lugar antes de tomar la decisión de aplicarla.

Los Reglamentos de 2022 sobre la Conducta las de Empresas y Agencias de Empleo se anularán con efectos a partir del 10 de agosto de 2023. En ese momento, se revertirá la prohibición previa incluida en el Reglamento 7 de los Reglamentos de 2003 sobre la Conducta las de Empresas y Agencias de Empleo (prohibición de la cesión de trabajadores a través de agencias de trabajo temporal)