Como informamos previamente, en noviembre de 2020, California aprobó la Propuesta 22, una medida que eximía a los trabajadores de plataformas de la legislación laboral estatal. Clasificaba a los trabajadores de plataformas basadas en aplicaciones como contratistas independientes, aunque tuvieran derecho a determinadas prestaciones y protecciones, como unos ingresos mínimos. 

La cuestión no es nimia: los empleados tienen derecho a prestaciones, como el salario mínimo, las pausas para comer o descansar, la remuneración y el reembolso de los gastos, como el combustible, a diferencia de los contratistas independientes. Estos últimos, en cambio, pueden definir su horario y tareas para varias empresas.

En agosto de 2021, un Tribunal de California se pronunció al respecto de la Propuesta 22 declarándola inconstitucional. Anulando esa sentencia, en marzo de 2023, el Tribunal de Apelación de Primera Instancia determinó que la Propuesta 22 debe seguir siendo una ley estatal, lo que representa un triunfo significativo para las empresas basadas en aplicaciones de California.

El Sindicato Internacional de los Empleados del Sector Servicios y un grupo de conductores de vehículos compartidos, que presentaron la demanda contra la Propuesta 22 a principios de 2021, recurrieron la decisión del Tribunal de Apelación ante el Tribunal Supremo de California y solicitaron que se revisara la decisión. 

El 28 de junio de 2023, el Tribunal Superior de California admitió la petición de determinar la constitucionalidad de la Propuesta 22 de California de 2020 y se espera que se pronuncie sobre esta cuestión a principios de 2024.

Mientras tanto, la Administración de Biden ha planteado la posibilidad de tratar este tema y definir a los conductores como empleados en virtud de la ley federal. 

La cuestión de los trabajadores de plataformas, como ya se ha informado, tiene un alcance mundial. Varios países ya han regulado este asunto a través de decisiones jurisprudenciales y propuestas legislativas.