El Parlamento Europeo, en relación con la propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo (COM(2021)0762), adoptó su postura sobre el trabajo en plataformas, e introdujo varias enmiendas al texto propuesto por la Comisión. 

Uno de los principales cambios es la referencia al modo en que la digitalización está modificando el mundo del trabajo. Asimismo, destaca los aspectos negativos y los riesgos de este fenómeno para el empleo y las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud de los trabajadores y la protección de sus derechos fundamentales. De forma similar, enfatiza las tecnologías basadas en algoritmos, incluidos los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones. Al mismo tiempo, han permitido la aparición y el crecimiento de las plataformas digitales de trabajo, que también generan desequilibrios de poder y opacidad en la toma de decisiones, así como la vigilancia facilitada por la tecnología, que podría agravar las prácticas discriminatorias y plantear riesgos a la privacidad, la seguridad y la salud de los trabajadores y la dignidad humana, y puede tener consecuencias negativas para las condiciones de trabajo y dar lugar a la explotación de los trabajadores.

Los Eurodiputados señalaron que las normas adoptadas, que se debatirán con los gobiernos nacionales, combaten el falso empleo por cuenta propia, dado que puede generar condiciones precarias y falta de protección social, además de competencia desleal, en especial para las pymes.

Confirmaron que, en caso de conflicto entre la plataforma y los empleados, la primera tendrá la responsabilidad de demostrar por qué la persona en cuestión no debería ser contratada, e introducir una lista de criterios no obligatorios para determinar la situación laboral de un empleado. 

Además, los Estados Miembros deben garantizar la supervisión humana de todas las decisiones que afecten de forma significativa a las condiciones de trabajo. 

Los Eurodiputados también introdujeron disposiciones para intensificar el intercambio de información entre las autoridades competentes en materia fiscal, de trabajo y protección social en casos transfronterizos, así como sanciones disuasorias. 

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