La CSRD ordena que las grandes empresas y todas las empresas que coticen en bolsa, menos las microempresas cotizadas, informen anualmente sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y en materia de derechos humanos en sus informes de administración. Estos informes deben adherirse a las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), de obligado cumplimiento en la UE. La información debe ir acompañada de la opinión de un auditor con verificación limitada y debe presentarse en formato digital.

La legislación especifica un enfoque gradual para el cumplimiento basado en el tamaño de las empresas y en su situación de cotización en bolsa:

• Las grandes empresas públicas que coticen en un mercado regulado de la UE y ya sujetas a la Directiva de divulgación de información no financiera empezarán a presentar información sobre los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.
• Otras grandes empresas empezarán a presentar información sobre los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2025.
• Las pymes que coticen en bolsa empezarán a presentar información sobre los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2026, con la opción de no hacerlo durante un período adicional de dos años.
• Las empresas de terceros países con una actividad significativa en el territorio de la Unión Europea deben presentar información sobre los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2028.

Todos los informes deben elaborarse en un formato electrónico único, de conformidad con las normas técnicas de regulación del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión.

Un elemento esencial de la CSRD es el requisito de una auditoría de verificación limitada de la información sobre sostenibilidad presentada. Dicha auditoría tiene como objetivo verificar la exactitud de los datos divulgados. La Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) ha destacado varias disposiciones fundamentales relacionadas con la función de los auditores en la verificación de la información sobre sostenibilidad:

• Poderes reguladores: La IAASA podrá regular la presentación de información sobre sostenibilidad de las empresas de su competencia.
• Adopción de normas: La IAASA puede adoptar una norma de verificación de la información sobre sostenibilidad hasta que se establezca una norma para toda la UE.
• Aprobación de los proveedores de servicios: Los organismos contables reconocidos o RAB, tendrán potestad para aprobar y registrar a los proveedores de servicios de verificación.
• División de la supervisión: La IAASA supervisará a las entidades de interés público, mientras que los RAB regularán a otras empresas.

La transposición de la CSRD en la legislación irlandesa presenta desafíos y oportunidades para los empleadores y los dirigentes empresariales. Las empresas deben invertir en sistemas y procesos para cumplir los nuevos requisitos de presentación de información, lo que podría suponer importantes costes iniciales. No obstante, estas normativas brindan la oportunidad de mejorar la transparencia empresarial, fomentar la confianza de las partes interesadas y obtener una ventaja competitiva en un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad.

El Ministro Burke destacó la importancia de este Reglamento: «La promulgación de este importante Reglamento representa un paso significativo por parte del Gobierno en el marco del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de la UE para la Financiación del Crecimiento Sostenible. Este Reglamento proporciona a las empresas una estructura útil para preparar la presentación de informes sobre sostenibilidad de forma clara y coherente, que ofrezca información pertinente a los inversores, los consumidores y otras partes interesadas y que minimice la imposición de cargas innecesarias a las empresas».

El Ministro Burke también promulgó el Reglamento de la Unión Europea (ajustes de los criterios de tamaño para determinadas empresas y grupos) de 2024, que aumenta un 25 % los umbrales de balance y volumen de negocios de las empresas «micro», «pequeñas», «medianas» y «grandes» en virtud de la Ley de Empresas de 2014.

A partir del 1 de julio de 2024, este cambio de tamaño hará que más empresas entren dentro de la categoría de microempresas y pequeñas empresas y, por consiguiente, estas se beneficiarán de la reducción de los requisitos de presentación de información y estarán exentas de realizar auditorías.

Sin embargo, las empresas también deberán proporcionar información sobre sus cadenas de valor.En consecuencia, aunque las pymes que no coticen en bolsa no están directamente amparadas por la Directiva, podrían tener que proporcionar información a las grandes empresas si forman parte de la cadena de valor.

Esto es pertinente para la economía irlandesa, la cual, según estadísticas recientes, ya se basaba en más de un 68 % en las pymes (antes del nuevo cambio de la legislación). Por tanto, será importante evaluar la repercusión que tendrán estas obligaciones en términos de burocracia y costes.

El Gobierno de Irlanda ha puesto a disposición herramientas de apoyo, como elGreen Transition Fund, que ayuda a las empresas en su camino hacia la descarbonización mediante el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en virtud del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Irlanda (NRRP 2021-2026), y elClimate Toolkit 4 Business, que ofrece ayuda práctica para alcanzar el objetivo.

Irlanda se une a los muchos países europeos que ya han aplicado la Directiva, mientras que Malta, Islandia, Portugal y Austria aún no han iniciado el proceso.

Pueden consultar el estado actualizado de la aplicación de la Directiva en los distintos países aquí.