La cuestión de la clasificación de los trabajadores de plataformas ha sido un tema controvertido no solo en California, como informamos en nuestras ediciones anteriores.

La Proposición 22, aprobada por los votantes de California en noviembre de 2020, permite a las empresas de transporte y reparto basadas en aplicaciones clasificar a sus conductores como contratistas independientes. Esta decisión anuló el Proyecto de Ley de la Asamblea 5 (AB 5), que obligaba a reconocer la categoría de empleado de muchos trabajadores de plataformas. Esto les daba derecho a disfrutar de amplias prestaciones, como el salario mínimo, el pago de las horas extraordinarias y el seguro de desempleo.

En agosto de 2021, un tribunal de California declaró inconstitucional la Proposición 22, al impugnar el marco establecido por la medida electoral.

Sin embargo, en marzo de 2023, el Tribunal de Apelación de Primera Instancia anuló dicha sentencia, al determinar que la Propuesta 22 debía seguir siendo una ley estatal. Este hecho representa una importante victoria para las empresas basadas en aplicaciones, ya que fortalece el modelo de contratista independiente y sus implicaciones.

El Sindicato Internacional de los Empleados del Sector Servicios y un grupo de conductores de vehículos compartidos, que inicialmente interpusieron un recurso contra la Propuesta 22, recurrieron la decisión del Tribunal de Apelación.

El 28 de junio de 2023, el Tribunal Supremo de California accedió a la petición de revisar su constitucionalidad.

El Tribunal, sin embargo, sentenció que la Propuesta 22 era un ejercicio válido del poder de iniciativa de los votantes y que proporcionaba un marco jurídico fundamental para las economías de plataformas.

La sentencia concede a las empresas basadas en aplicaciones la flexibilidad necesaria para gestionar su fuerza de trabajo de manera eficaz. Asimismo, les permite ampliar o reducir dicha fuerza de trabajo en función de la demanda sin las restricciones de los modelos de empleo tradicionales.

No obstante, las empresas deben garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Propuesta 22, entre ellos, la provisión de unas garantías de ingresos mínimos, subsidios de asistencia sanitaria y seguros de accidentes.