Como informamos previamente, un total de 32 organizaciones de interlocutores sociales sectoriales europeos presentaron una carta conjunta a la Comisión Europea. En ella expresaban importantes preocupaciones sobre la revisión de las normas relativas a la financiación de los comités europeos de diálogo social sectorial. En la carta también solicitaban el apoyo financiero y político necesario a los interlocutores sociales sectoriales, al tener en cuenta que el diálogo social es una prioridad política de la Comisión Europea.

Como respuesta, el 1 de junio de 2023, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el refuerzo del diálogo social (2023/2536(RSP)) con 483 votos a favor, 38 en contra y 100 abstenciones. 

La resolución declara que el diálogo social es fundamental para lograr un mercado laboral europeo equilibrado. Los interlocutores sociales tienen una función esencial en la gestión de la crisis y la mitigación de sus consecuencias económicas y sociales negativas. Por tanto, debe protegerse para permitir que los interlocutores sociales regulen su actividad de manera autónoma.

La resolución destaca que el diálogo social, incluida la negociación colectiva, es un instrumento fundamental y beneficioso para el buen funcionamiento de la economía social de mercado, que contribuye a la resiliencia económica y social, la competitividad, la estabilidad y al crecimiento y desarrollo sostenibles e integradores. El Parlamento Europeo hace hincapié en que los países que cuentan con marcos sólidos para el diálogo social y una cobertura elevada de negociación colectiva tienden a tener economías más competitivas, inclusivas y resilientes, ya que los interlocutores sociales desempeñan un papel esencial en la gestión de la crisis y la mitigación de sus consecuencias negativas a nivel económico y social. 

Pone de relieve, no obstante, que se necesitan esfuerzos adicionales con el fin de ofrecer soluciones sostenibles para la organización y la financiación de los comités de diálogo social sectorial. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a respetar la autonomía de los interlocutores sociales. Asimismo, pide a la Comisión que apoye y supervise atentamente el diálogo social sectorial con el fin de garantizar la armonización entre los comités y que el diálogo social pueda contribuir significativamente a las políticas de la Unión Europea. 

La resolución pide a la Comisión que mantenga su «apoyo logístico a los comités de diálogo social sectorial» y que aumente su «apoyo financiero, jurídico y técnico». 

El Parlamento Europeo también pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen por alcanzar una cobertura de la negociación colectiva de al menos el 80 % de aquí a 2030, ya que la proporción de trabajadores cubiertos por convenios colectivos ha disminuido significativamente en los últimos treinta años, con una caída de aproximadamente el 66 % en el año 2000 a alrededor del 56 % en 2018.