El Convenio núm. 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo fue adoptado en la reunión de junio de 2019 de la Conferencia Internacional del Trabajo -donde Chile votó a favor- y protege a todas las personas que participan en las relaciones laborales, independientemente de su situación contractual o de si pertenecen al sector público o privado.

Identifica la violencia y el acoso en el trabajo como una amenaza a los derechos humanos, incompatible con el trabajo decente. También proporciona recursos y correcciones apropiadas y eficaces, incluyendo la necesidad de aplicar el convenio a través de la legislación nacional, los convenios colectivos u otras medidas de práctica nacional.

Ya informamos de que España remitió al Parlamento la aprobación del Convenio el pasado mes de febrero. En 2022, muchos otros países aprobaron el Convenio (aunque entrará en vigor en 2023): Albania, Antigua y Barbuda, Barbados, República Centroafricana, El Salvador, México, Perú, San Marino y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que confirma la creciente atención a la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo a nivel mundial.

Teniendo en cuenta que en Chile, el 25 % de las quejas ante la Dirección del Trabajo (organismo gubernamental que vela por el cumplimiento de la legislación laboral) son por acoso sexual, y que las mujeres presentan el 92 % de ellas, el anuncio supone un paso importante en la dirección de una mayor protección de estas categorías.

Si Chile ratifica el Convenio, como se afirma en el anuncio oficial del Gobierno, estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

a) Vigilar y controlar la aplicación de la legislación. 

b) Garantizar el acceso a las vías de recurso y corrección, así como a los mecanismos y procedimientos de notificación y resolución de conflictos. 

c) Proteger la privacidad y confidencialidad de las personas implicadas. 

d) Establecer sanciones. 

e) Garantizar que las víctimas tengan un acceso adecuado a los mecanismos de reclamación, asistencia, compensación y resolución de conflictos, todo ello con perspectiva de género. 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró: «No tengo ninguna duda de que [el Congreso] aprobará [el proyecto de ley] con rapidez», y añadió que esta medida forma parte de una política de diálogo social más amplia.

Los empleadores tienen un papel fundamental en la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

En relación con este tema, tal como informamos aquí, el pasado mes de julio, los gobiernos, el sector privado, los sindicatos y las ONG (COALICIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) participaron en un evento centrado en las formas de crear un futuro entorno de trabajo seguro, propicio y con perspectiva de género.

Su objetivo era explorar estrategias para promover la ratificación universal y la aplicación efectiva del C 190 de la OIT como parte de un impulso más amplio que va más allá de la creación de puestos de trabajo para ofrecer entornos seguros y libres de violencia con empleos decentes para todos, conforme a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 (los documentos finales del evento previo del 8 de septiembre de 2021 pueden consultarse en el siguiente enlace: Documento de estrategia de la reunión, Informe completo).