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Canadá: Nueva definición de empleador en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

  • En R. contra Greater Sudbury (Ayuntamiento) 2023 SCC 28, el Tribunal Supremo de Canadá declaró que el Ayuntamiento de Sudbury, que había contratado a un constructor externo para realizar un proyecto de construcción, tenía obligaciones como «empleador» para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ontario (la «OHSA»).

El caso afectó a un municipio que había contratado a una empresa que, como contratista general, repararía un conducto de agua, asumiendo el papel de «constructor» en virtud de la OHSA, y sería responsable de garantizar que el proyecto cumpliera los requisitos establecidos por dicha ley.

Durante las obras, un peatón murió mientras cruzaba una intersección debido a una colisión con una niveladora conducida por un empleado del contratista general. 

Dado que no se había colocado ninguna valla entre el lugar de trabajo del proyecto de construcción y la intersección pública, y ningún controlador del tráfico se encontraba ayudando al empleado, la empresa fue declarada culpable de incumplir su deber como empleador, en virtud del artículo 25, apartado 1, letra c) de la Ley, de garantizar que las medidas y los procedimientos prescritos se llevaran a cabo en el lugar de trabajo.

La cuestión se centraba en si el Ayuntamiento también era responsable como empleador por incumplir la misma obligación, lo que este negó, puesto que no tenía ningún control sobre las obras de reparación.  

El tribunal de primera instancia se mostró de acuerdo con el Ayuntamiento; sin embargo, el Tribunal de Apelación de Ontario revocó dicha decisión, aplicando una definición de «empleador» establecida en una sentencia previa de dicho tribunal que excluía los requisitos de control, responsabilizando así al Ayuntamiento.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo, que sostuvo que el Ayuntamiento era un empleador del contratista general y que había incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 25, apartado 1, letra c) de la Ley, y declaró que exigir un requisito de control al empleador frustraría la finalidad de esta legislación correctiva de beneficio público.

Por tanto, es esencial que las empresas tengan en cuenta esta sentencia y pongan en marcha medidas y acuerdos que les permitan, cuando sea necesario, demostrar que han actuado con la debida diligencia, incluso como un empleador en el sentido de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ontario.