El Proyecto de Ley pretende regular las agencias de empleo temporal de forma más estricta con la imposición de licencias para operar en el mercado.

Las agencias deben proporcionar una Declaración de Conducta (VOG), transferir un depósito de seguridad de 100 000 EUR y demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la distribución salarial adecuada. 

La Inspección de Trabajo supervisará las obligaciones de las empresas suministradoras y contratantes y se realizarán comprobaciones periódicas para garantizar el cumplimiento continuo.

No obstante, el Proyecto de Ley se ha topado con una oposición significativa por parte de los sindicatos y los organismos del sector. Defienden que los requisitos y los procedimientos administrativos propuestos no reducirán eficazmente las malas prácticas del sector. Además, el consejo consultivo (ATR o consejo de evaluación de la carga normativa) ha criticado el Proyecto de Ley, sugiriendo que crearía al menos unos costes normativos anuales adicionales de 143 millones de euros para las empresas, y ha defendido una ejecución más sólida de las normas existentes.

La ABU (asociación general de agencias de empleo temporal) comentó estar de acuerdo, en principio, con el nuevo sistema de licencias destinado a mejorar la calidad del sector del empleo temporal. Sin embargo, enfatiza que las normas deberían ser ejecutables, proporcionadas y aplicables, y sugiere tres medidas al Parlamento holandés, que actualmente está revisando el Proyecto de Ley:

-           Obligar a las empresas contratantes a proporcionar una «declaración de subcontratación» durante las auditorías financieras, para demostrar la colaboración con agencias de dotación de personal autorizadas.

-           Aplicar una política de sanciones inmediatas con la que las empresas a las que se les retira su licencia reciban una pronta inspección.

-           Aumentar el número de inspectores y dotarlos de las herramientas necesarias para retirar a las empresas fraudulentas del mercado de forma eficaz y permanente, como una prohibición administrativa legal.